Allanamiento a 7 emisoras ilegales
Bogotá, junio 14 de 2018. La Agencia Nacional del Espectro en un trabajo articulado con el CTI de la Fiscalía, la Personería de Manizales y el Batallón Ayacucho del Ejército Nacional, realizaron el allanamiento de seis emisoras ilegales en la ciudad de Manizales y una en el municipio de Filadelfia en el departamento de Caldas.
 
En desarrollo de investigaciones, la entidad encontró causales para aplicar sanciones por el uso ilegal del espectro en las emisoras: Energía 94.3 y la emisora la Rockola 106.9, las cuales, generaban interferencia a las frecuencias de la aeronáutica civil en el aeropuerto la Nubia. De igual manera fueron intervenidas las frecuencias 88.1 la Cantina, 93,9 la Poderosa, 92.1 Filadelfia Estéreo y 90.5 emisora la Disco.
“Estos operativos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación permiten que le brindemos a la comunicad un espectro libre de interferencias, especialmente en todo lo que tiene que ver con seguridad aérea.  La ANE ha realizado en Manizales 106 verificaciones de control técnico en la ciudad de Manizales hasta la fecha, de las cuales 17 han sido verificaciones a clandestinidad por uso del espectro. En cuanto a sanciones administrativas y penales, tenemos un balance de 20 multas y decomisos y cierre definitivo de 4 emisoras”. Afirma Jannethe Jimenez, subdirectora de Vigilancia y Control de la ANE, quien estuvo enfrente de este operativo.
 
Prevenir antes que sancionar.
 
La Agencia Nacional del Espectro, trabaja actualmente en un modelo preventivo junto con el MinTic, de la mano con la ciudadanía, a través de diversas visitas técnicas, verificaciones de parámetros técnicos de personas o instituciones que operan o hacen uso del espectro sin autorización.
Por otro lado, ambas entidades han promovido la iniciativa pedagógica PrevenTIC, que busca visibilizar las medidas de carácter preventivo de la entidad y evitar la imposición de sanciones de carácter administrativo, con el fin de generar más consciencia sobre el uso adecuado del espectro.
 
Los infractores podrían hacerse acreedores a sanciones del orden administrativo que superan, a valor de hoy, los 11 mil millones de pesos (15 mil SMMLV) en el caso de personas jurídicas y los mil millones de pesos (2 mil SMMLV) para personas naturales. Fuera de las multas, según lo establece el artículo 257 del código penal, las consecuencias se pueden ver reflejadas en condenas que van de entre 4 a 10 años de prisión.