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Bogotá D.C. 25 de septiembre de 2014. El sector de las telecomunicaciones ha sido objeto a lo largo del tiempo de una variada y nutrida regulación con el objeto de mantener un alto grado de eficiencia en el desarrollo del mismo, articulando las recomendaciones internacionales –como es el caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- y acatando las normas supranacionales que tiene aplicación directa y efecto positivo en el sector de las TIC´S para lograr un mercado más

eficiente, competitivo y con garantía de derechos para todos los usuarios de las telecomunicaciones.


En la actualidad existe una preocupación que ha venido tocando a todo el sector TIC´S relacionada con la aplicación del denominado “Principio de Precaución”, del que mucho se ha hablado, sobre todo por los últimos fallos de la Corte Constitucional, y que en cierta medida han afectado a las telecomunicaciones en Colombia debido a que en aras de proteger la salud se ha ordenado por esta Corte desinstalar antenas de telefonía móvil.


Este principio se aplica “cuando existen evidencias científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o el medio ambiente, pero estas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo” (Sentencia C-988-2004). Asimismo, se debe tener en cuenta que “el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer a mediano plazo los riesgos de la acción” (Sentencia C-703-2010).


Dicho lo anterior, se debe centrar la discusión en determinar si realmente ¿las antenas de telefonía móvil celular, al emitir ondas radioeléctricas generan un riesgo de afectación a la salud de los seres humanos? O ¿se le está dando un alcance nocivo a la salud, mayor del que efectivamente puede, en un momento determinado, producir?


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